Carlos Gómez Silva — Ideas para decidir mejor

La nueva pesadilla empresarial: delincuentes utilizando IA a precio de remate

Carlos E. Gómez Silva — Mon, 28 Sep 2026 13:40:00 -0500

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La nueva pesadilla empresarial: delincuentes utilizando IA a precio de remate

⏱ Microblog | Lectura: 2 minutos

Son las 2:37 de la madrugada. En una oficina, las pantallas siguen encendidas. Los servidores trabajan sin descanso y una empresa continúa pagando por recursos informáticos que cree tener bajo control.

Al otro lado del mundo, alguien podría estar utilizando esa misma infraestructura para financiar sus propios ataques.

Lo inquietante es que este escenario ya tiene antecedentes documentados.

Google Threat Intelligence y Anthropic han identificado mercados clandestinos donde se comercializan credenciales robadas para acceder a modelos avanzados de inteligencia artificial. Algunos vendedores incluso ofrecen reemplazarlas si son bloqueadas.

El crimen ya no necesita desarrollar su propia inteligencia artificial. Puede robar el acceso a la tuya.

Y el problema no termina ahí. Cuando los atacantes comprometen servidores corporativos, también pueden utilizar su capacidad de procesamiento y trasladar los costos a las empresas víctimas.

Para cualquier empresario, estas son tres señales que merecen atención:

Consumos inesperados de API.
Nuevas claves o accesos desconocidos.
Aumentos inexplicables en la facturación de servicios en la nube.

La respuesta comienza por restringir permisos, rotar las credenciales comprometidas y activar alertas de consumo y actividad sospechosa.

Como abogado y consultor empresarial, veo aquí una cuestión que trasciende la tecnología: la seguridad de la IA también es un asunto de gobierno corporativo, responsabilidad y continuidad del negocio.

La pregunta ya no es cuánto cuesta incorporar inteligencia artificial a una empresa, sino cuánto podría costarle que alguien más la utilice sin autorización.

☕ ¿Tu empresa está preparada para detectar que su propia IA está trabajando para un delincuente?

#TECHLATTE #InteligenciaArtificial #Ciberseguridad #GobiernoCorporativo #RiesgoEmpresarial

Fuentes

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¿Te vendieron humo con el beneficio tributario de tu carro eléctrico?

Carlos E. Gómez Silva — Sun, 27 Sep 2026 16:00:00 +0000

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¿Te vendieron humo con el beneficio tributario de tu carro eléctrico?

Compraste un vehículo eléctrico pensando que, además de ahorrar combustible y contribuir a la transición energética, podrías acceder a un beneficio tributario.

Pero después descubriste que la factura no era suficiente.

Llegaron los formularios, los documentos técnicos, las certificaciones, las plataformas y las solicitudes de corrección. El automóvil administra su batería con inteligencia artificial; el propietario, en cambio, termina intentando descifrar un trámite que parece diseñado para agotarlo.

Y aquí está la pregunta incómoda:

¿El procedimiento busca verificar que el beneficio se entregue correctamente o terminar desanimando al ciudadano hasta que renuncie a reclamarlo?

Comprar el vehículo no garantiza el beneficio

En Colombia existen incentivos tributarios relacionados con inversiones en eficiencia energética y movilidad eléctrica. Sin embargo, el beneficio no se activa automáticamente con la compra.

En términos generales, el camino es:

Reunir la información técnica y comercial del vehículo: factura, ficha técnica, características de la tecnología, proveedor y demás documentos exigidos.
Presentar la solicitud ante la UPME, actualmente mediante la ruta correspondiente del portal Muévete Eléctrico y el Sistema Único de Usuarios.
Atender las observaciones o requerimientos dentro de los plazos establecidos, conservando los soportes de cada envío.
Obtener la certificación de la UPME, si se acredita el cumplimiento de los requisitos.
Continuar el trámite tributario ante la DIAN, de acuerdo con el beneficio aplicable y las condiciones vigentes.

La certificación de la UPME no significa necesariamente que el dinero será devuelto de forma automática. Es un paso esencial para sustentar posteriormente la aplicación del incentivo tributario.

Por eso es importante no confundir tres momentos distintos:

comprar el vehículo, obtener la certificación y hacer efectivo el beneficio tributario.

¿Qué posibilidades tiene el ciudadano?

La primera posibilidad es corregir y completar la solicitud. Si la entidad formula observaciones, el solicitante debe responder dentro del término indicado y adjuntar documentos claros, legibles y coherentes entre sí.

La segunda es presentar una nueva solicitud, cuando la anterior haya sido rechazada o archivada y todavía sea posible cumplir los requisitos. En ese caso conviene revisar cuidadosamente la causa de la decisión y no limitarse a repetir el mismo expediente.

La tercera es interponer los recursos administrativos procedentes contra una decisión desfavorable, especialmente cuando exista una negativa que no explique de manera suficiente qué requisito se incumplió o por qué los documentos aportados no fueron aceptados.

La cuarta es presentar una petición formal para solicitar información, aclaraciones, copia del expediente, explicación de los criterios aplicados y estado real del trámite. La respuesta debe ser clara, completa y de fondo.

Y si existen fallas graves, demoras injustificadas, respuestas evasivas o una afectación concreta de derechos, puede evaluarse la presentación de una queja ante los órganos de control o, con asesoría jurídica, acudir a los mecanismos judiciales que correspondan.

No todos los casos terminan en una demanda. Pero tampoco todos deben terminar en resignación.

La prueba más importante es la trazabilidad

Guarda la factura, los certificados, las fichas técnicas, los correos, los números de radicado, las capturas de pantalla, las respuestas y las fechas.

Si la plataforma falla, documenta el error.

Si el sistema rechaza un archivo sin explicar por qué, conserva la evidencia.

Si la entidad solicita varias veces la misma información, registra cada requerimiento.

La trazabilidad puede marcar la diferencia entre una simple inconformidad y una reclamación sustentada.

El problema no es que existan controles

El Estado tiene derecho a verificar que los incentivos se entreguen a quienes cumplen las condiciones.

Lo que no resulta aceptable es que el procedimiento sea tan confuso, repetitivo o impredecible que el ciudadano termine abandonándolo.

Un control técnico no debería convertirse en una carrera de obstáculos.

La digitalización tampoco puede consistir únicamente en trasladar el papeleo a una plataforma web. Una buena plataforma debería indicar qué falta, permitir corregir errores, explicar las razones de una devolución y evitar que el usuario tenga que adivinar qué espera la administración.

Si el trámite está diseñado de tal manera que comprobar el derecho cuesta más que renunciar a él, el sistema está fallando.

¿Conviene hacerlo visible?

Sí.

Si muchas personas están enfrentando el mismo problema, conviene organizar la información y hacerla visible ante la UPME, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la DIAN y los órganos de control, según el aspecto concreto que se quiera denunciar o aclarar.

La visibilidad debe ser responsable:

reunir casos similares;
identificar fechas, radicados y respuestas;
formular preguntas concretas;
solicitar estadísticas sobre solicitudes aprobadas, rechazadas y archivadas;
pedir que se publiquen requisitos, criterios y tiempos de respuesta;
evitar acusaciones generales sin pruebas.

También pueden utilizarse derechos de petición, solicitudes de información pública, asociaciones de usuarios, gremios, veedurías ciudadanas y canales oficiales de atención.

La pregunta que debe llegar a las autoridades es directa:

¿El procedimiento está diseñado para verificar el cumplimiento o, en la práctica, está produciendo un reproceso que desestimula el acceso al incentivo?

Mi postura

El rigor técnico es necesario.

La transparencia también.

Pero un beneficio creado para promover la movilidad eléctrica pierde sentido si reclamarlo exige convertirse en experto en trámites, energía y derecho administrativo.

Comprar un carro eléctrico no debería significar comprar también una batalla burocrática.

La transición energética necesita vehículos, infraestructura y tecnología. Pero también necesita instituciones capaces de cumplir su parte: explicar, orientar, responder y reconocer los beneficios cuando el ciudadano demuestra que tiene derecho a ellos.

☕ Este café queda servido.

Si compraste un vehículo eléctrico y no has podido hacer efectivo el beneficio tributario, conserva toda la trazabilidad y pregunta formalmente:

¿Qué requisito falta, quién debe resolverlo y cuál es el camino para reclamar?

Contenido informativo. No constituye asesoría tributaria, administrativa o jurídica para un caso particular. Los requisitos y beneficios aplicables dependen de la inversión, el vehículo y la normativa vigente.

#MovilidadEléctrica #TransiciónEnergética #BeneficiosTributarios #UPME #DIAN #DerechoAdministrativo #GovTech #DefensaDelCiudadano

Fuentes oficiales

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¿Sabes qué actividad se desarrolla realmente en el inmueble que arrendaste?

Carlos E. Gómez Silva — Tue, 22 Sep 2026 16:00:00 +0000

¿Sabes qué actividad se desarrolla realmente en el inmueble que arrendaste?

Cuando un propietario utiliza el mismo formato estándar —incluso uno generado con herramientas como ChatGPT o Claude— para todos sus contratos de arrendamiento, puede pasar por alto que no todas las actividades económicas generan los mismos riesgos jurídicos, operativos y regulatorios.

Un consultorio odontológico no funciona igual que un spa. Y un spa no tiene las mismas necesidades que un consultorio de cirugía oral.

Por eso, aunque los contratos correspondan al mismo edificio y tengan el mismo propietario, no necesariamente deberían ser idénticos.

Cada actividad exige revisar aspectos distintos del contrato.

Por ejemplo:

Un consultorio odontológico puede requerir controles relacionados con la habilitación de los servicios de salud, cuando resulte aplicable.
Un spa puede necesitar reglas específicas sobre el manejo de residuos, las condiciones de operación y el uso de zonas comunes.
Un consultorio de cirugía oral puede exigir disposiciones detalladas sobre los procedimientos autorizados, el personal que puede realizarlos y las condiciones de uso del inmueble.

El problema normalmente no aparece cuando las partes firman.

Aparece tiempo después, cuando ocurre un incidente y alguien pregunta:

“¿Eso dónde quedó escrito?”

Y ahí comienzan las dificultades.

En Colombia se han conocido casos relacionados con procedimientos estéticos realizados en viviendas, consultorios o establecimientos que, según la información reportada, no contaban con las autorizaciones, condiciones o habilitaciones necesarias para desarrollar determinadas actividades.

En Bogotá, el 10 de octubre de 2018, una mujer murió después de someterse a una lipólisis láser en un establecimiento que, según informó la Fiscalía, no estaba autorizado para realizar ese procedimiento. La Fiscalía informó sobre la condena de la responsable en esta noticia: Una mujer fue condenada por la muerte de una paciente durante un procedimiento estético.

En Barranquilla, el 17 de diciembre de 2020, una paciente murió durante una liposucción realizada dentro de un consultorio. El caso fue reportado por medios de comunicación y posteriormente fue objeto de investigación por parte de las autoridades: El Heraldo — mujer muere durante liposucción en consultorio de Barranquilla.

Y en otro proceso en Bogotá, el 22 de febrero de 2023, una mujer fue condenada a más de ocho años de prisión después de realizar un procedimiento estético que terminó con la muerte de una paciente. La información fue publicada por la Fiscalía: Condenada por homicidio durante procedimiento estético.

Son casos distintos.

No permiten concluir, por sí solos, que el propietario del inmueble sea responsable por las actuaciones del arrendatario. Sin embargo, sí muestran la importancia de conocer y regular la actividad que se desarrolla dentro del inmueble, especialmente cuando puede involucrar servicios de salud, procedimientos estéticos, manejo de residuos o riesgos para terceros.

Eso cambia la forma de redactar y revisar un contrato de arrendamiento.

Ya no basta con describir el inmueble como “consultorio”.

Es necesario, entre otros aspectos:

Definir con precisión la destinación autorizada.
Verificar los permisos, licencias, registros o habilitaciones que resulten exigibles para la actividad del arrendatario.
Establecer quiénes pueden utilizar el inmueble y bajo qué condiciones.
Regular las cesiones del contrato y los subarriendos.
Exigir pólizas de seguro cuando la naturaleza de la actividad y la asignación contractual de riesgos lo justifiquen.
Prohibir modificaciones de la actividad sin autorización previa y escrita del arrendador.
Establecer las consecuencias contractuales del incumplimiento, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que puedan surgir conforme a la ley.

También es importante revisar periódicamente los contratos.

Las normas cambian.

Los cánones cambian.

Las áreas y condiciones físicas del inmueble pueden cambiar.

Los arrendatarios cambian.

Pero muchas veces el contrato sigue siendo exactamente el mismo documento que alguien redactó hace diez años.

Copiar.

Pegar.

Cambiar el nombre.

Cambiar el canon.

Firmar.

Hasta que aparece el problema.

Desde entonces tengo una regla sencilla:

un contrato puede comenzar con un formato estándar, incluso uno elaborado con apoyo de herramientas de inteligencia artificial, pero no debería terminar sin una revisión jurídica y comercial ajustada al inmueble, a la actividad y a los riesgos concretos de la relación contractual.

Cada inmueble tiene sus propios riesgos.

Cada actividad tiene exigencias diferentes.

Y cada relación entre arrendador y arrendatario merece ser analizada antes de firmarse.

Porque revisar un contrato cuesta mucho menos que descubrir sus vacíos cuando ya existe un conflicto.

¿Hace cuánto no revisas realmente el contrato que utilizas para arrendar tus inmuebles?

Contenido informativo. No constituye asesoría jurídica para un caso particular.

#DerechoComercial #Arrendamientos #DerechoInmobiliario #GestiónDeRiesgos #Colombia

Fuentes y marco de consulta

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El verdadero apocalipsis de la IA podría no ser una guerra. Podría ser el empleo

Carlos E. Gómez Silva — Wed, 16 Sep 2026 05:52:41 -0500

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⏱ Lectura estimada: 2,5 minutos

Durante años imaginamos el peligro de la inteligencia artificial como algo cinematográfico.

Máquinas fuera de control. Sistemas autónomos. Ciberataques. Robots tomando decisiones.

Pero quizá el verdadero escenario inquietante sea mucho menos espectacular.

Una empresa descubre que puede operar mejor, más rápido y más barato con menos personas.

Y después otra.

Y después miles.

Eso es parte de lo que Bill Gates acaba de poner sobre la mesa.

El problema no sería perder un empleo

Sería descubrir que ese empleo ya no necesita existir como antes.

En su ensayo The turbulent AI era is here. The choices we make now are critical, Gates advierte que la transición hacia una economía impulsada por IA puede ser especialmente turbulenta porque esta vez no estamos automatizando solamente trabajo físico.

Estamos automatizando trabajo cognitivo.

Análisis. Atención al cliente. Programación. Finanzas. Derecho. Administración. Ventas.

Y los primeros en sentirlo podrían ser los trabajadores junior y de nivel medio.

Ahí aparece uno de los riesgos menos discutidos.

Si una empresa automatiza las tareas que antes hacía un profesional joven, desaparece algo más que una vacante.

Desaparece un escalón de aprendizaje.

¿De dónde saldrán los seniors del futuro si cada vez necesitamos menos juniors?

“Human Reserved”

Gates propone incluso empezar a discutir actividades reservadas para seres humanos.

No porque una IA sea incapaz de realizarlas.

Precisamente lo contrario.

Porque podría llegar a hacerlas demasiado bien.

Él menciona, entre otros ejemplos, el cuidado de personas y la comunicación de un diagnóstico grave. Si extendemos esa idea a otras decisiones de alto impacto, también habría que debatir la intervención humana en:

La contratación.

La evaluación de créditos.

Las decisiones jurídicas.

Los tratamientos médicos.

La pregunta deja de ser:

¿Puede hacerlo una IA?

Y pasa a ser:

¿Queremos permitir que lo haga sin una persona responsable detrás?

El incentivo económico puede ser brutal

Aquí aparece el punto más incómodo.

Las personas cuestan salarios, prestaciones, impuestos, vacaciones, capacitación y tiempo.

El software no funciona bajo esas mismas reglas.

Si automatizar termina siendo mucho más barato que contratar, el mercado tendrá un incentivo enorme para sustituir trabajo humano.

Por eso Gates plantea discutir impuestos sobre determinados usos de IA y robots y utilizar parte de esos recursos para financiar reconversión laboral y protección social.

No porque la tecnología sea el enemigo.

Sino porque los incentivos económicos pueden acelerar la sustitución antes de que la sociedad tenga tiempo de adaptarse.

¿Estamos realmente frente a un apocalipsis laboral?

Todavía no podemos afirmarlo.

La OIT estima que aproximadamente uno de cada cuatro trabajadores del mundo está en ocupaciones con algún grado de exposición a IA generativa, pero considera que hoy es más probable que muchos empleos se transformen antes de desaparecer completamente.

El World Economic Forum también proyecta destrucción y creación simultánea de puestos durante esta década.

Pero hay una diferencia enorme entre esas cifras y lo que puede sentir una persona.

Las estadísticas pueden decir que aparecerán nuevos empleos.

El trabajador que pierde el suyo necesita saber:

qué empleo, dónde, cuándo y si tendrá las habilidades para ocuparlo.

Colombia tampoco puede mirar desde la tribuna

El país ya cuenta con el CONPES 4144 de 2025 sobre inteligencia artificial.

Es un avance.

Pero probablemente tendremos que enfrentar preguntas mucho más incómodas.

¿Qué decisiones deben conservar intervención humana?

¿Quién responde cuando una IA perjudica a una persona?

¿Qué hacemos con quienes pierdan su trabajo antes de poder reconvertirse?

¿Y cómo formaremos profesionales si automatizamos precisamente los puestos donde comenzaban sus carreras?

El verdadero riesgo

Quizá el escenario más preocupante de la inteligencia artificial no sea una máquina rebelándose contra nosotros.

Puede ser algo mucho más silencioso.

Una empresa elimina diez cargos.

Otra elimina cien.

Miles de jóvenes descubren que ya no existen las posiciones con las que antes comenzaban sus carreras.

Y lentamente aparece una nueva economía donde ser capaz de trabajar ya no garantiza que alguien necesite contratarte.

Ese sería un cambio histórico.

Por eso creo que estamos haciendo la pregunta equivocada.

No deberíamos preguntar solamente:

“¿Qué trabajos puede hacer la IA?”

También deberíamos preguntarnos:

“¿Qué trabajos y qué decisiones estamos dispuestos a proteger antes de descubrir que ya es demasiado tarde?”

☕ Este café queda servido.

Si mañana tuviéramos que declarar tres actividades como “Human Reserved”, ¿cuáles protegerías?

#InteligenciaArtificial #FuturoDelTrabajo #Empleo #GobernanzaIA #LegalTech #TECHLATTE

Fuentes

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ACUERDO PRIVADO DE ACCIONISTAS: las reglas que nadie piensa hasta que aparece el problema

Carlos E. Gómez Silva — Sat, 12 Sep 2026 16:00:00 +0000

ACUERDO PRIVADO DE ACCIONISTAS: las reglas que nadie piensa hasta que aparece el problema

⏱ Tiempo estimado de lectura: 4 minutos

Dos personas crean una empresa. Se conocen, confían, aportan capital y dividen las acciones 50/50. Los estatutos quedan registrados, abren la cuenta bancaria, empiezan a vender y durante años todo funciona bien.

Hasta que ocurre algo que nadie había querido conversar.

Uno fallece.

O simplemente dejan de estar de acuerdo.

Es entonces cuando aparece una pregunta incómoda: ¿los estatutos realmente habían previsto qué hacer cuando la relación entre los socios cambiara?

Ahí entra en juego una herramienta que muchas empresas colombianas todavía subestiman: el ACUERDO PRIVADO DE ACCIONISTAS.

El artículo 24 de la Ley 1258 de 2008 permite que los accionistas de una SAS celebren acuerdos sobre compra y venta de acciones, restricciones para transferirlas, ejercicio del voto, representación y otros asuntos lícitos. Pero su verdadero valor no está en repetir lo que dicen los estatutos. Está en anticipar aquello que probablemente nadie quiere discutir cuando la empresa apenas comienza.

Una precisión relevante: para que el acuerdo sea acatado por la compañía bajo el artículo 24, debe depositarse en las oficinas donde funcione su administración. La norma también prevé un término máximo de diez años, prorrogable por acuerdo unánime de sus suscriptores por períodos que no superen diez años.

Escenario 1. Tu socio fallece. ¿Quién queda con sus acciones?

Pensemos en una empresa con dos socios, cada uno propietario del 50%.

Uno fallece inesperadamente.

Las acciones no desaparecen. En términos generales entran a formar parte de la sucesión y, una vez surtidos los procedimientos correspondientes, pueden terminar adjudicadas a sus herederos.

El problema empresarial aparece inmediatamente.

Hoy tenías un socio con quien construiste la compañía durante quince años. Mañana podrías encontrarte frente a su cónyuge, sus hijos u otros herederos con intereses, necesidades económicas y visiones empresariales completamente diferentes.

¿Quieres continuar la empresa con ellos? ¿Pueden vender esas acciones? ¿Los demás socios tendrían derecho preferente para comprarlas? ¿Cómo se determina el precio? ¿Quién representa esas acciones mientras termina la sucesión?

Estas preguntas pueden analizarse previamente mediante estatutos, acuerdos de accionistas, mecanismos de valoración, opciones de compra, seguros y estructuras sucesorales adecuadamente diseñadas.

El objetivo no es desconocer los derechos de los herederos. Es evitar que una tragedia familiar se convierta además en una crisis empresarial.

Escenario 2. 50% contra 50% y nadie quiere ceder

Ahora imaginemos algo mucho menos dramático, pero sorprendentemente frecuente.

Dos socios poseen el 50% cada uno.

Uno quiere endeudar la empresa para expandirse. El otro considera demasiado alto el riesgo. Uno quiere repartir dividendos. El otro quiere reinvertirlos. Uno quiere vender. El otro quiere continuar.

Ninguno tiene mayoría.

La empresa puede tener clientes, trabajadores, activos y dinero en caja y, aun así, quedar prácticamente paralizada.

Para estas situaciones existen mecanismos de solución de bloqueos societarios que pueden resultar bastante extraordinarios.

Uno de ellos es la llamada Russian Roulette.

Un socio ofrece comprar las acciones del otro a determinado precio. Pero el destinatario puede responder: “No te vendo. Yo te compro a ti exactamente al mismo precio por acción”.

La lógica es brillante: quien fija un precio artificialmente bajo corre el riesgo de terminar obligado a vender sus propias acciones bajo esa misma valoración.

También existen mecanismos como el Texas Shoot-Out, donde ambos socios presentan ofertas para adquirir la participación del otro y, bajo las condiciones previamente establecidas, quien ofrece el mayor valor puede terminar adquiriendo el control.

¿Radical? Sí.

Pero cuando una empresa está completamente bloqueada, puede ser más racional diseñar previamente una salida difícil que descubrir demasiado tarde que no existe ninguna.

Estos mecanismos no están diseñados como fórmulas únicas en la ley: su utilidad y exigibilidad dependen de una redacción compatible con la ley, los estatutos y las circunstancias de los accionistas.

Y estos son apenas dos ejemplos

Ahora pensemos rápidamente en otras situaciones.

¿Qué ocurre si tu socio quiere venderle sus acciones a tu principal competidor?

¿Qué sucede si uno de los fundadores deja de trabajar en la empresa después de seis meses pero conserva el 40% durante veinte años?

¿Qué pasa si un socio se divorcia?

¿Si sus acciones son embargadas?

¿Si queda incapacitado?

¿Si utiliza información de la compañía para montar un negocio competidor?

¿Si un inversionista ofrece comprar el 100% de la empresa, pero un accionista con el 5% se niega a vender?

¿O si el accionista mayoritario vende su participación y deja al minoritario compartiendo empresa con alguien que nunca escogió?

Para estos escenarios existen instrumentos como Tag-Along, Drag-Along, vesting, Good Leaver, Bad Leaver, Put Options, Call Options, Reserved Matters, restricciones de transferencia, derechos preferenciales, mecanismos de valoración y protocolos familiares, entre otros.

Algunos pueden parecer sofisticados. Otros incluso extraños.

Pero casi todos parten de una pregunta muy sencilla:

¿Qué queremos que ocurra si algún día pasa esto?

El verdadero error es descargar una plantilla

No existen dos empresas exactamente iguales.

Cambian los socios, las familias, el porcentaje de participación, el capital aportado, quién trabaja dentro del negocio, quién aporta contactos, quién aporta conocimiento, quién necesita dividendos y quién quiere reinvertir.

Por eso copiar los estatutos o el acuerdo de accionistas de otra empresa puede convertirse en el origen del problema que supuestamente pretendíamos prevenir.

Los estatutos y el acuerdo privado de accionistas deben hablar entre sí y responder a la realidad particular de la compañía.

La conversación incómoda que conviene tener cuando todos son amigos

Cuando nace una empresa nadie quiere hablar de fallecimiento, divorcio, incapacidad, bloqueo, salida de socios, competencia o venta forzada.

Todos están concentrados en crecer.

Precisamente por eso ese puede ser el mejor momento para hacerlo.

Porque un acuerdo de accionistas no debería diseñarse pensando únicamente en cómo se comportan los socios cuando están de acuerdo, sino en qué ocurrirá cuando algún día dejen de estarlo.

Y quizás esta sea la pregunta que vale la pena llevar hoy a la próxima reunión de socios:

Si mañana ocurre algo inesperado con cualquiera de nosotros, ¿sabemos exactamente qué pasaría con nuestras acciones?

Este contenido es informativo y no reemplaza la asesoría jurídica para un acuerdo o situación societaria concreta.

#AcuerdoDeAccionistas #SAS #GobiernoCorporativo #DerechoEmpresarial #EmpresasFamiliares

Fuente normativa

Ley 1258 de 2008, artículo 24 — acuerdos de accionistas

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Quienes construyen la IA también le temen

Carlos E. Gómez Silva — Wed, 09 Sep 2026 12:00:00 -0500

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Quienes construyen la IA también le temen

Un investigador cierra su computador y renuncia a uno de los laboratorios de inteligencia artificial más poderosos del mundo.

Jacob Coxon, exinvestigador de OpenAI y Anthropic, afirma que ambas compañías avanzan hacia sistemas capaces de mejorarse a sí mismos sin garantías para mantenerlos bajo control.

La advertencia es grave. Pero exige precisión: su renuncia no demuestra que la IA vaya a destruir a la humanidad.

Sí revela algo concreto. Quienes mejor conocen esta tecnología reconocen riesgos que todavía no saben resolver, mientras la competencia les exige avanzar más rápido.

Anthropic tiene políticas de seguridad. El problema es de gobernanza: las mismas empresas que desarrollan estos sistemas deciden cuánto riesgo resulta aceptable.

Adoptar IA exige límites de autonomía, supervisión humana, trazabilidad y responsables claros cuando algo falla.

La pregunta ya no es si la IA seguirá avanzando, sino quién controla la carrera y quién responderá si pierde el control.

¿Confiarías esta decisión únicamente a las compañías que compiten por llegar primero?

☕ Este café queda servido.

#InteligenciaArtificial #GobernanzaIA #RiesgoTecnológico #TECHLATTE

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Crear una S.A.S. en Colombia: diseñar bien la sociedad desde el inicio

Carlos E. Gómez Silva — Fri, 04 Sep 2026 18:00:00 +0000

Crear una S.A.S. en Colombia puede parecer sencillo: eliges un nombre, llenas unos formularios, registras la sociedad y listo.

Pero ahí empieza el verdadero riesgo.

Una empresa no debería construirse copiando y pegando los estatutos de otra compañía. Cada negocio tiene socios distintos, aportes diferentes, riesgos propios, reglas de decisión particulares y expectativas que tarde o temprano deben quedar por escrito.

Muchos de los conflictos societarios que llegan después a los abogados no nacen porque la empresa estuviera mal registrada. Nacen porque nadie diseñó correctamente qué debía pasar cuando apareciera un desacuerdo, entrara un nuevo socio, alguien quisiera vender sus acciones o las decisiones importantes dividieran a los accionistas.

La S.A.S. es flexible. Esa es precisamente su gran ventaja.

Pero también significa que sus estatutos deben pensarse como el sistema operativo jurídico de la empresa, no como un formulario que simplemente hay que completar.

En este carrusel explico qué debería analizarse antes de constituir una S.A.S. y por qué diseñar bien desde el inicio puede evitar problemas mucho más costosos después.

☕ Crear la empresa puede tomar pocos días. Diseñar correctamente la relación entre los socios puede protegerla durante años.

¿Tus estatutos fueron realmente diseñados para tu empresa o simplemente adaptados de un modelo?

Este contenido es informativo y no reemplaza la asesoría jurídica para un caso societario concreto.

Fuente normativa

Ley 1258 de 2008 — Sociedad por Acciones Simplificada

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El cáncer no debería venir acompañado de una tutela

Carlos E. Gómez Silva — Sun, 30 Aug 2026 12:00:00 +0000

☕ El cáncer no debería venir acompañado de una tutela

⏱ Lectura estimada: 4 minutos

Hay palabras que cambian por completo una conversación. “Es cáncer.” Después vienen preguntas sobre tratamientos, medicamentos, especialistas, pronósticos y decisiones familiares. Pero en Colombia muchas familias descubren rápidamente otra realidad: la cita no aparece, el medicamento no llega, la autorización sigue pendiente, el especialista está en otra ciudad o la cirugía se aplaza.

Y entonces alguien termina diciendo: “Tiene que esperar.” El problema es que el cáncer no siempre puede esperar.

El paciente con cáncer tiene una protección especial

En Colombia, una persona con diagnóstico o incluso sospecha de cáncer cuenta con una protección constitucional reforzada. Desde 2024, la Ley 2360 reconoce expresamente esa protección para quienes tienen sospecha o diagnóstico de cáncer. Eso significa que su atención no debería quedar atrapada indefinidamente entre trámites administrativos.

Existen cuatro principios que resultan especialmente importantes: oportunidad, para recibir el tratamiento cuando médicamente se necesita; continuidad, para evitar interrupciones injustificadas; integralidad, para que la atención no se fragmente en autorizaciones aisladas; y accesibilidad, porque autorizar un tratamiento sirve de poco si el paciente realmente no puede acceder a él.

Esta última realidad es especialmente importante fuera de las grandes ciudades. Una persona que vive en San Gil, Barrancabermeja, Piedecuesta, Quibdó, Riohacha, Pasto o cualquier municipio donde ciertos servicios especializados no estén disponibles puede enfrentar además problemas de transporte, alojamiento, acompañamiento o remisión hacia otra ciudad, según su situación clínica y las circunstancias del caso.

El derecho no debería terminar donde termina la capacidad instalada del municipio.

¿Cuándo debería preocuparnos una demora?

No toda dificultad administrativa significa automáticamente una violación de derechos. Sin embargo, hay señales que una familia no debería ignorar: medicamentos ordenados que no se entregan, cirugías sin fecha cierta, tratamientos suspendidos, remisiones sin programación, autorizaciones que nunca se materializan o pacientes que deben desplazarse a otra ciudad sin tener cómo hacerlo.

Cuando estas situaciones empiezan a repetirse, el problema puede dejar de ser simplemente administrativo y convertirse en un problema jurídico.

El error que muchas familias cometen

Llaman, vuelven a llamar, explican nuevamente el caso y hablan con diferentes funcionarios, pero no construyen evidencia. Cuando finalmente necesitan reclamar formalmente, descubren que tienen muchas conversaciones y pocos documentos.

Por eso conviene recordar una regla sencilla: en salud, una llamada puede solucionar el día, pero un radicado puede proteger el caso.

Órdenes médicas, historias clínicas, autorizaciones, negativas, correos, fechas, respuestas y números de radicado pueden convertirse posteriormente en elementos fundamentales para definir una estrategia.

¿Entonces hay que presentar inmediatamente una tutela?

No necesariamente.

Cada caso exige analizar primero qué ordenó el médico, qué se está incumpliendo, quién tiene la responsabilidad, cuánto tiempo ha transcurrido y qué riesgo representa la demora para el paciente.

Dependiendo de esas respuestas pueden existir distintos caminos: un derecho de petición, una reclamación ante la Superintendencia Nacional de Salud, acompañamiento de la Defensoría del Pueblo o de una personería municipal, una gestión administrativa específica o, cuando existe amenaza o vulneración de derechos fundamentales, una acción de tutela.

Incluso después de una tutela pueden aparecer nuevas preguntas: ¿la orden judicial fue suficientemente clara?, ¿se está cumpliendo integralmente?, ¿solo autorizaron una parte del tratamiento?, ¿procede solicitar cumplimiento?, ¿existen elementos para promover un incidente de desacato?

Ahí es donde cada historia empieza a ser diferente.

Lo importante no es solamente reclamar. Es reclamar correctamente.

Una familia que enfrenta cáncer ya carga suficiente incertidumbre. No debería tener además que improvisar una estrategia jurídica.

Muchas veces el verdadero problema no consiste en demostrar que el paciente necesita atención. Eso ya lo dijo el médico. El problema consiste en identificar rápidamente dónde está bloqueado el sistema y cuál es el mecanismo correcto para intentar desbloquearlo.

Si hoy estás viviendo una situación parecida

Antes de actuar, reúne cinco elementos básicos:

Historia clínica relevante.
Órdenes del médico tratante.
Autorizaciones o negativas existentes.
Radicados y respuestas recibidas.
Una cronología sencilla de lo ocurrido.

Con esos documentos ya es posible comenzar a entender jurídicamente el caso y evaluar qué camino tiene sentido.

Una última reflexión

El cáncer ya exige demasiado del paciente y de su familia: tiempo, dinero, fortaleza emocional y decisiones difíciles. El sistema de salud no debería agregarle una segunda enfermedad: la burocracia.

☕ Si tú o una familia cercana están enfrentando barreras para acceder a un tratamiento oncológico, pueden escribirme. Podemos comenzar revisando la cronología, las órdenes médicas y las respuestas recibidas para determinar qué camino jurídico puede tener sentido antes de iniciar actuaciones innecesarias o perder más tiempo.

Cada caso es diferente. Y precisamente por eso, la estrategia también debe serlo.

Este contenido es informativo y no reemplaza la valoración médica ni la asesoría jurídica individual. La ruta adecuada depende de los documentos, la urgencia clínica y las circunstancias concretas.

#DerechoALaSalud #Cáncer #SaludEnColombia #AcciónDeTutela #DerechosDelPaciente #TECHLATTE

Fuentes oficiales y jurisprudencia

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ChatGPT llamó al FBI: ¿quién decide cuándo denunciarte?

Carlos E. Gómez Silva — Mon, 24 Aug 2026 12:00:00 +0000

☕ ChatGPT llamó al FBI: ¿quién decide cuándo denunciarte?

⏱ Lectura estimada: 5 minutos

Una persona abre ChatGPT de noche.

Empieza hablando de una ruptura. Después aparecen amenazas. Luego armas. Finalmente, un plan para asesinar a su exnovia.

Según reportes de prensa, eso ocurrió con Darren Shida Zhou, un joven de 25 años en Florida. OpenAI remitió información al FBI; las autoridades locales abrieron la investigación y Zhou recibió una condena de ocho años de probation tras declararse culpable de cargos relacionados con amenazas contra su expareja.

Hasta aquí, parecería una historia de prevención exitosa.

Pero el verdadero debate comienza después.

La pregunta no es si OpenAI hizo bien

Probablemente sí. Si una compañía detecta una amenaza concreta, creíble y potencialmente letal, resulta difícil defender que simplemente mire hacia otro lado.

El problema es quién define cuándo esa amenaza cruza la línea.

En Estados Unidos, la ley federal permite a determinados proveedores entregar comunicaciones a las autoridades cuando creen de buena fe que una emergencia con peligro de muerte o lesión física grave exige revelarlas sin demora. Es una facultad de revelación de emergencia, no una regla nacional específica que obligue a los chatbots a reportar toda amenaza.

La ley permite actuar. La empresa decide cuándo. Y esa diferencia es enorme.

Tumbler Ridge demuestra el riesgo contrario

Meses antes del caso Zhou, OpenAI había detectado conversaciones violentas de un usuario en Canadá. Su cuenta fue bloqueada. La empresa evaluó si debía alertar a las autoridades y concluyó que el riesgo no alcanzaba su umbral de inminencia y credibilidad.

Siete meses después, ese usuario mató a ocho personas en Tumbler Ridge, British Columbia. El caso está bajo investigación y ha dado lugar a litigios. OpenAI reconoció después que, bajo sus criterios actualizados, el caso probablemente habría sido remitido a las autoridades.

Dos usuarios. Dos decisiones privadas. Dos resultados radicalmente diferentes.

Ahí está el verdadero dilema.

El dato WOW jurídico

OpenAI puede estar convirtiéndose en algo que nunca imaginamos:

un filtro privado previo a la policía.

Un algoritmo detecta. Un equipo humano evalúa. Una empresa privada decide. Y solo después aparece el Estado.

La plataforma no arresta a nadie. No condena. Pero puede activar la maquinaria que sí lo hace.

Eso es poder.

Tus chats no tienen secreto profesional

Hay además una percepción peligrosa.

Muchas personas hablan con ChatGPT como hablarían con un abogado, médico, terapeuta o amigo. Pero jurídicamente no es lo mismo.

Una conversación con un chatbot comercial no tiene automáticamente secreto profesional o privilegio jurídico. La protección aplicable depende del contexto, la relación profesional y las normas pertinentes; no nace solo por usar una herramienta de IA.

Eso significa que una plataforma de IA puede terminar almacenando confesiones, secretos empresariales, problemas familiares, fraudes, amenazas, ideas íntimas o conductas ilegales.

La IA se está convirtiendo en uno de los mayores repositorios de confesiones privadas de nuestra época.

¿Y qué pasa en los estados?

Estados Unidos no tiene una sola regulación uniforme sobre chatbots. A junio de 2026, California, Colorado, Connecticut, Georgia, Idaho, Iowa, Nebraska, New York, Oregon, Rhode Island y Washington, entre otros, habían aprobado normas sobre sistemas de IA conversacional, transparencia, menores, autolesiones y seguridad.

Pero todavía no existe un estándar nacional uniforme que defina cuándo una IA debe reportar amenazas contra terceros.

Eso significa que una misma conversación puede generar consecuencias distintas según el estado, la plataforma, el tipo de amenaza y la política interna de la compañía.

Para las empresas de IA, esto será un enorme problema de compliance.

El riesgo funciona en ambos sentidos

Si OpenAI reporta demasiado, puede afectar la privacidad, generar falsos positivos o involucrar innecesariamente a la policía.

Si reporta demasiado poco, puede enfrentar cuestionamientos por no advertir una amenaza.

Tumbler Ridge ya abrió ese debate judicial y regulatorio. Las plataformas pueden terminar siendo cuestionadas tanto por hablar como por guardar silencio.

Mi posición

No creo que la solución sea prohibir que una IA reporte amenazas. Tampoco creo que compañías privadas deban tener discrecionalidad absoluta.

Necesitamos tres cosas:

1. Un umbral legal claro. Qué elementos convierten una conversación perturbadora en una amenaza real.

2. Revisión humana obligatoria. Nunca debería bastar únicamente una decisión automatizada.

3. Supervisión externa. Los criterios que pueden convertir una conversación privada en una alerta policial no deberían existir solamente dentro de una política interna empresarial.

Si te quedas con una sola idea...

Construimos máquinas a las que millones de personas les cuentan prácticamente todo.

Después les instalamos sistemas capaces de detectar peligro.

Y finalmente permitimos que una empresa decida cuándo esa conversación debe llegar a la policía.

Quizás algunas veces esa decisión salve una vida. Quizás otras veces llegue demasiado tarde.

Por eso la pregunta no es:

¿debe ChatGPT llamar al FBI?

La pregunta correcta es:

¿quién debe decidir cuándo hacerlo y quién vigila al que toma esa decisión?

☕ Este café queda servido.

¿Aceptarías que una IA analice tus conversaciones privadas si eso pudiera evitar un asesinato?

#InteligenciaArtificial #LegalTech #AIGovernance #Privacidad #RegulaciónIA

Fuentes

Leer la versión original en Carlos Gómez Legal

¿Y si la singularidad no fuera un evento… sino un recuerdo?

Carlos E. Gómez Silva — Thu, 30 Jul 2026 22:00:00 +0000

☕ TECHLATTE: IDEAS CON ESPUMA

¿Y si la singularidad no fuera un evento… sino un recuerdo?

Hace unos días hice una parada en la estación Terpel de Piedecuesta. Mientras mi camioneta eléctrica se cargaba, pedí un capuchino, abrí el iPad y empecé a leer las noticias.

En su ensayo The Gentle Singularity, Sam Altman escribió que ya estamos más allá del «horizonte de sucesos» y que el despegue ha comenzado. Mi reacción fue inmediata: qué afirmación tan exagerada.

Cinco minutos después pensé exactamente lo contrario.

No porque ahora crea que existe una inteligencia artificial más inteligente que toda la humanidad o que los robots estén a punto de gobernarnos. Cambié de opinión porque entendí que quizá estamos imaginando la singularidad de la manera equivocada.

Durante años la hemos esperado como quien espera un eclipse: un momento preciso que todos veremos al mismo tiempo. Pero las revoluciones tecnológicas nunca funcionan así.

Nadie despertó una mañana diciendo: «Hoy comenzó Internet». Tampoco hubo un día en el que todos entendimos que el smartphone cambiaría nuestra forma de trabajar, comprar, viajar o relacionarnos.

Simplemente ocurrió. Primero fue una novedad. Luego una herramienta. Después una necesidad. Y un día descubrimos que ya no sabíamos vivir sin ella.

Creo que con la inteligencia artificial está pasando exactamente lo mismo.

Mientras discutimos si la singularidad llegará en cinco, diez o veinte años, la IA ya escribe informes, desarrolla software, analiza contratos, interpreta exámenes médicos, crea campañas de marketing, negocia con clientes y coordina agentes que trabajan junto a otros agentes.

Lo realmente sorprendente no es que haga todas esas tareas. Lo sorprendente es que cada mes las hace mejor que el anterior.

Ahí está la diferencia. Durante siglos la tecnología avanzó porque los seres humanos inventaban mejores herramientas. Hoy las herramientas empiezan a participar en la creación de herramientas todavía mejores.

Ese cambio parece pequeño. En realidad, lo cambia todo.

La idea no es que la inteligencia artificial ya haya superado a la humanidad. Es algo más incómodo: la velocidad del progreso tecnológico puede estar superando nuestra velocidad para entenderlo.

Y cuando eso ocurre, las consecuencias no aparecen primero en los laboratorios. Aparecen en las empresas, en las universidades, en los gobiernos y también en profesiones como la mía.

Como abogado, cada semana veo organizaciones preguntándose si deberían incorporar inteligencia artificial. En mi opinión, esa conversación ya quedó atrás.

La verdadera pregunta es otra: ¿quién responderá por las decisiones que tome una inteligencia artificial?

Porque la IA ya no es un experimento. Está contratando, recomendando créditos, revisando contratos, detectando fraudes, seleccionando candidatos, redactando políticas corporativas y participando en decisiones que hace muy poco eran exclusivamente humanas.

Eso significa que el mayor desafío ya no es tecnológico. Es jurídico, ético y empresarial. Y sospecho que muchas organizaciones todavía no lo han entendido.

Quizá dentro de veinte años los historiadores discutan cuál fue el verdadero inicio de la singularidad. Tal vez mencionen un nuevo modelo de OpenAI, una innovación de Anthropic o algún descubrimiento que todavía no conocemos.

Personalmente, creo que estarán buscando la fecha equivocada. Porque las grandes transformaciones no suelen anunciar su llegada. Solo las reconocemos cuando miramos hacia atrás.

Mientras terminaba mi café, el cargador indicó que la batería estaba completa. Guardé el iPad y seguí mi camino. Pero hubo una idea que se quedó conmigo.

Quizá el día en que podamos señalar con certeza cuándo comenzó la singularidad… será porque llevaremos años viviendo dentro de ella.

Y, si eso resulta ser cierto, la pregunta más importante ya no es cuándo llegará el futuro. La verdadera pregunta es si nosotros estamos evolucionando al mismo ritmo que él.

☕ Este café queda servido.

¿Tú qué opinas? ¿Sam Altman exageró para abrir el debate o simplemente fue el primero en decir en voz alta algo que ya estaba ocurriendo delante de todos?

Fuentes y lecturas recomendadas

Sam Altman — The Gentle Singularity
OpenAI — investigación y publicaciones
Anthropic — investigación y seguridad de IA
Stuart Russell — Human Compatible
Nick Bostrom — Superintelligence
Ray Kurzweil — The Singularity Is Near y The Singularity Is Nearer
Stanford HAI — AI Index Report
World Economic Forum — inteligencia artificial

Leer la versión original en Carlos Gómez Legal